Este decreto contempla la creación de una instancia interinstitucional donde participará la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación y el ejecutivo, en cabeza de la Policía Nacional y de la Unidad Nacional de Protección.
El plan contempla tres ejes: articulación y reingeniería institucional, a través del cual se pretende dar respuesta a la existencia de múltiples espacios y normas ya existentes; actuación estratégica en el territorio, para focalizar la problemática en ciertos municipios del país con entornos criminales particulares y afectados por la ausencia de respuesta institucional; y una estrategia de comunicaciones y capacitación, para contrarrestar la estigmatización de la condición de líder y de la actuación del Estado.
Fuente: vanguardia.com